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| p a l a b r a :-) |
El tema no es
el 5% sino que, de momento, los funcionarios conservamos el 95% del salario
y un empleo por vida ¿Cómo les va al resto? En el sector privado llevan dos
años de ajuste por la vía de destrucción de empleo. En materia de ajustes no
hay color entre unos y otros.
A los
funcionarios cada vez se nos hace más difícil defender nuestra posición ante
argumentos de ineficacia, opacidad y despilfarro. Argumentos más extendidos
y agresivos, hasta el punto de sentir como a nuestro alrededor se va
abriendo una enorme brecha que, sobrepasando lo dialéctico, se ha trasladado
a las mismas vísceras sociales y nos señala como un islote: egoísta,
insolidario, inútil.
Generalizar suele conducir a error. Es injusto con muchos empleados públicos
pero también es verdad que muchas veces las cosas son lo que parecen.
Nuestros dirigentes sindicales manifiestan que “la huelga del 8-J es una
respuesta firme, contundente y unitaria" ante las medidas anunciadas por ZP
porque "son una clara agresión a […] los servicios y administraciones
públicas y al conjunto del personal que trabaja en ellas". Ligar
interesadamente instrumentos y objetivos no es de recibo. Todo el mundo sabe
que los intereses corporativos son un cosa y los servicios públicos otra.
En esta línea, quiero abrir una discusión planteando, desde el honrado y
científico ejercicio de la duda metódica, algunas consideraciones.
1ª Duda: ¿Son necesarios los
servicios públicos?
Para el club de especuladores que viven de las suculentas rentas que les
genera la crisis financiera (crisis que, por cierto, previamente han
fabricado) evidentemente no, incluso estaría por afirmar que en su opinión
ahora sobran hasta las cárceles. Para el resto, está claro que los servicios
públicos constituyen un elemento de redistribución e integración en una
ciudadanía plena y, por lo tanto, de máximo interés para todos.
¿Prefiere Vd. otra versión? Según Keynes, la Agenda del Estado más
importante no se refiere a aquellas actividades que los individuos privados
ya están desarrollando, sino a aquellas funciones que caen fuera de la
esfera del individuo, aquellas decisiones que nadie toma si el Estado no lo
hace. Agenda que debería contemplar la incorporación de burócratas con
demostrada capacidad e independencia que custodien la ley, mantengan a raya
al mercado, eviten la confusión entre el interés público y el privado… ¿Hay
alguien de vacaciones?.
2ª Duda: Si la necesidad de
los servicios públicos es tan evidente, ¿Por qué los funcionarios nos
encontramos en el ojo del huracán, señalados por el dedo de gran parte de la
sociedad?
En ningún momento puedo admitir como respuesta una sociedad insolidaria;
probablemente lo que se plantee no es ya la existencia de unos servicios
públicos, sino la falta de calidad y elevado coste de los mismos. Lo que en
muchos casos se rechaza, reconozcámoslo, es su prestación a través de medios
públicos, que se identifica con opacidad, ineficiencia e inmunidad laboral
(¿es estrictamente necesaria la condición de que no se pueda despedir a
nadie aunque sea un parásito del sistema?)
Creo por ello que es el momento de plantearnos honradamente el por qué de
ese rechazo al instrumento (trabajo público), no al objetivo (servicio
público). Para ello tenemos que incorporar definitivamente y discutir sobre
conceptos como Economía, Eficacia, Eficiencia, en los modos de los Servicios
Públicos. Evidentemente estas "3 E" no pueden trasladarse directamente a los
objetivos de dichos servicios, ya que deben matizarse con criterios
sociales, culturales, políticos, de justicia social en definitiva.
La supervivencia de lo público, como instrumento, ante lo privado, no
constituye un objetivo de la sociedad y, por tanto, difícilmente se va a
producir escondiendo la cabeza bajo el ala: debemos demostrar que somos
eficaces, es decir, que cumplimos aquellos objetivos sociales, políticos,
que la sociedad demanda; que somos eficientes, porque lo hacemos sin que al
ciudadano se le grave con impuestos excesivos.
¿Oiga, hay alguien ahí? ¿Quién esta a cargo de esta empresa? Sí, unos
políticos que, excesivamente pendientes de los ciclos electorales, prefieren
evitar marrones antes que cambiar el modelo, el sistema de trabajo de unas
personas, unos profesionales, que en un alto porcentaje son los primeros
interesados en hacer bien su trabajo.
Hablemos, en definitiva, de introducir en el sistema la productividad, aún a
riesgo de destapar agravios aún mayores que la creativa propuesta de
convertir a los funcionarios en inversores -sin titulo- en deuda pública.
Por ejemplo, igual salario a desigual aportación de esfuerzo y talento: esta
si que es la madre de todos los agravios.
Es absurdo por ello negar la incorporación de elementos de la gestión
privada en la medida en que faciliten el cumplimiento de objetivos.
Que si hombre, que sí, que no pueden ser trasladados directamente todos los
instrumentos de gestión privada, dado que lo público debe regularse también
garantizando conceptos como "objetividad", y "transparencia", pero
compartirá Vd. conmigo que entre el blanco y el negro hay muchos grises.
Víctor Meseguer
Secretario de Política Institucional del PSOE de Murcia.
Consejero del CES de la Región de Murcia.
Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia.
http://dotraforma.blogspot.com